Una “guerra fría” en nuestra puerta debido a una crisis humanitaria

 

Escrito por Mauricio Vivero, director general de la Fundacion Internacional de Seattle. Traducido por Lara Sepulveda-Machado. Originalmente publicado en Huffington Post Impact Blog

 

La anexión ilegal de Crimea por Vladimir Putin tiene a algunos políticos estadounidenses desempolvando el libro de jugadas de la Guerra Fría para analizar e interpretar el proceso de ocupación Rusa de partes de Ucrania. Por otro lado, la plétora de discursos intercambiados entre la Casa Blanca y Kremlin, recuerdan una historia no tan lejana, cuando los problemas de los países y regiones no eran entendidos en sus propios términos, sino más bien a través del estrecho lente de la rivalidad entre las superpotencias. Parte de la retórica que se escucha hoy parece resonar desde la misma perspectiva.

Para algunos observadores, como nuestros vecinos en América Central, esto no es ninguna sorpresa. Ver a Centroamérica a través de un lente estrecho ha sido el problema que aún persiste. En una etapa de la historia, los Estados Unidos analizaba cada problema en la región como una representación de la lucha con los soviéticos. La participación de EE.UU. en los asuntos internos de Centroamérica – incluyendo operaciones encubiertas, golpes de estado manipulados por la CIA y cariñosas relaciones con los gobiernos represivos – se justificó por la necesidad de prevenir la propagación del comunismo en nuestro hemisferio.

No obstante, el fin de la guerra fría no impidió que los políticos estadounidenses vieran a Centroamérica a través de esa visión miope; la visión y el enfoque mutaron la guerra contra el comunismo por la guerra contra las drogas.

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Hoy en día, la política de EE.UU. para la región se focaliza: en detener a las organizaciones del narcotráfico. Ese principio sustenta las acciones de los funcionarios del Departamento de Estado y el Pentágono que han definido el narcotráfico como un asunto de seguridad nacional, debido a que estimulan el consumo de drogas y la violencia en los Estados Unidos, socavan las democracias de la región y tiene el potencial de financiar a terroristas. En la última década, Estados Unidos ha militarizado la guerra contra las drogas, incluyendo no solo la formación de agentes encargados de hacer cumplir la ley en las naciones latinoamericanas, sino también la participación de sus fuerzas armadas y de invertir recursos en radares, aviones y barcos. Alcanzado la suma de $20 billones de dólares. En efecto, desde la Guerra Fría esa es la iniciativa de EUA más cara en  América Latina.

Sin embargo, el problema de un enfoque centrado principalmente en la aplicación de la ley y los esfuerzos militares, difícilmente detendrá el flujo de drogas. Cuestiones como las drogas ilegales y la seguridad ciudadana están ligadas a la pobreza endémica, la falta de políticas, programas y proyectos de desarrollo sostenible así como gobiernos débiles. No hay duda de que lo que está sucediendo en América Central es vital para los intereses de Estados Unidos, pero lo que necesitamos es una estrategia integral y progresista basada en el respeto mutuo. Tenemos que ayudar a implantar y consolidar gobiernos eficaces, así como a generar empleo y oportunidades económicas; al mismo tiempo que apoyamos programas y proyectos para mujeres y jóvenes que ayuden a establecer condiciones socioeconómicamente atractivas en los países de la región y generen esperanzas para un futuro digno para que dicha población se asienten en sus propios países.

Eso es particularmente relevante, ya que de innumerables formas, los problemas de Centroamérica se convierten en nuestros problemas. Por ejemplo, el ochenta por ciento de todos los medicamentos que llegan a Estados Unidos fluyen a través de Centroamérica. La pobreza asociada con el comercio ilegal de drogas y la violencia relacionada con las drogas en América Central, no solo repercute en Nueva York, Los Ángeles y Miami, pero también en Omaha, Austin y Seattle.

De la misma forma que nuestros intereses estratégicos, el sufrimiento humano causado por la violencia y otros factores en la región no pueden seguir siendo ignorados. En efecto, en 2013, los funcionarios de inmigración de los Estados Unidos registraron un total de 36,026 solicitudes de asilo basados en el principio de ‘temor creíble’, presentadas, en gran medida, por la llegada de Salvadoreños, Hondureños y Guatemaltecos, en las cuales los emigrantes fueron permitidos permanecer en los Estados Unidos por temor de ser heridos al regresar a sus países de origen. Ese total se triplicó durante el año fiscal del 2012 y es aproximadamente seis veces el promedio anual que durante la administración Bush. En una audiencia ante el Congreso de los EE.UU. en diciembre del año pasado, el representante de California,  Zoe Lofgren planteó sabiamente que el Congreso debería prestar más atención a “la crisis de refugiados que se está cocinando en el Hemisferio Occidental.”

Como si fuese poco, en 2013, el gobierno de EE.UU. detuvo a 38,000 niños de México, El Salvador, Honduras y Guatemala, que habían viajado a los Estados Unidos solos, sin sus padres. Todos huían de las mismas condiciones que han generado una crisis humanitaria no declarada en América Central debido a la violencia, el reclutamiento forzado por pandillas y la falta de oportunidades sociales y económicas. Todo eso está sucediendo en nuestra puerta.

Estados Unidos necesita una nueva “política del buen vecino”. El término fue acuñado por primera vez en un discurso por el Presidente Hoover en 1928, quien declaró: “tenemos un deseo de mantener no sólo las cordiales relaciones de los gobiernos entre sí, sino también las relaciones de buenos vecinos”. El Secretario de Estado del presidente Roosevelt, Cordell Hull, declaró en 1933 que Estados Unidos estaba comprometido con una política de cero intervenciones en América Latina, el cual se dió a conocer como la Política del Buen Vecino. Las buenas relaciones con América Latina durante la Segunda Guerra Mundial también ayudaron a persuadir a los países latinoamericanos a unirse a la OEA, una organización multilateral que es financiada parcialmente hasta hoy por el gobierno de los EE.UU.

Los desafíos que enfrenta Centroamérica presentan una oportunidad para transformar radicalmente nuestro compromiso con la región, de manera que esos países se vuelvan más seguros, más prósperos y democráticos como parte del procesos de desarrollo que permiten a millones de personas superar agobiantes niveles de pobreza. En ese contexto, la filantropía puede liderar el camino de ese esfuerzo. Como Fundación, nuestra misión es mejorar la vida de los grupos sociales vulnerables, especialmente nuestros vecinos de América Central. Creemos que la región tiene un enorme potencial de desarrollo: líderes locales comprometidos, ricas oportunidades para la comunidad y la acción cívica, y la habilidad de crear economías dinámicas que proporcionen un mejor futuro para las millones de personas que viven social y económicamente excluidas.

Nuestra experiencia demuestra que con cada inversión que realizamos, vemos como los ciudadanos se organizan para exigir que sus gobiernos sean más responsables, mejoren el acceso a las necesidades básicas como la salud y la educación, y por ende, reduzcan la necesidad desesperada de emigrar para asegurar una vida mejor.

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